El EU-LAC Policy Brief "Vacunas contra COVID-19: el reto global de una distribución y un acceso equitativo" es el resultado de las Sesiones De Diálogo EU-LAC que tuvieron lugar los días 23 y 24 de marzo bajo un formato digital. Para más información sobre el evento vea aquí.
Pronosticada por varios expertos, pero anticipada por pocas instituciones, la pandemia mundial de la COVID-19 ha traído consigo impactos económicos y sociales devastadores: Desde de los primeros casos en diciembre 2019 hasta finales de marzo 2021, la Organización Mundial de Salud (OMS) registró a nivel global, 126.119.639 infecciones y 2.766.831 vidas perdidas relacionadas con la COVID-19. En los próximos años, los gobiernos y tomadores de decisión tendrán que atender las múltiples repercusiones de esta pandemia, vinculadas, por ejemplo, con la interrupción de la educación de la generación joven, la sobrecarga de personal y de los sistemas enteros de salud pública, el incremento de la violencia doméstica, la elevada inseguridad alimentaria, la pérdida masiva de fuentes de ingreso para miles de millones de personas y la contracción económica.
Entre los países en vías de desarrollo, América Latina y el Caribe (ALC) ha sido la región más golpeada, tanto en términos sanitarios y económicos. La región registró cerca del 28% de las muertes por COVID-19 a nivel mundial. El crecimiento económico en la región sufrió, en 2020, una contracción del 7,7% y casi tres millones de empresas tuvieron que cerrar a causa de la pandemia. Además, la pandemia ha profundizado las desigualdades estructurales que ya se han venido evidenciado a lo largo de la década pasada en dimensiones como la falta de acceso a la protección social, los altos niveles de informalidad y la baja productividad.
Tras haberse superado, en un tiempo de récord, el reto de desarrollar vacunas eficientes y seguras contra el coronavirus, el desafío más pujante de la actual fase de la pandemia reside en la asimetría enorme entre la demanda y la oferta de las vacunas contra la COVID-19. Hasta finales de marzo 2021, se han administrado 462.824.374 dosis de vacunas a nivel mundial. La gran parte de estas dosis han sido producidas y distribuidas en las regiones y países más desarrollados, incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea (UE), el Reino Unido, Canadá y Japón. La lentitud de este desigual despliegue se debe en gran parte a la limitación en la producción de vacunas a nivel mundial, pero también a la insuficiente financiación y coordinación en la distribución, lo cual interpela las limitaciones de la gobernanza global ante una crisis de esta dimensión.
Con excepción de Cuba, que tiene una sólida trayectoria en el desarrollo de vacunas y que actualmente se encuentra en la última fase de los ensayos para dos de un total de cinco vacunas contra el coronavirus, la gran mayoría de los países latinoamericanos y caribeños carecen de las capacidades científicas e industriales y dependen en gran medida tanto de la importación de las vacunas como de varios otros insumos médicos. El proceso de vacunación contra la COVID-19 ha avanzado a distintas velocidades y con niveles de acceso asimétricos. Hasta principios de marzo, la región recibió 37 millones de dosis y esto alcanza para vacunar únicamente al 2.8% de la población. Siguiendo este ritmo, solo cuatro países pueden llegar a la “inmunidad de rebaño” hasta finales de 2021 o inicios de 2022, según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), otros siete más en 2022 y la mayoría recién en 2023. Más allá al difícil acceso a las vacunas, la lentitud se debe también a capacidades reducidas en materia de logística, la distribución y la cobertura de los sistemas de salud.
Debido a la escasez de vacunas, la campaña de vacunación al interior de la UE, cuya población actualmente enfrenta una tercera ola de la pandemia, tampoco ha podido avanzar al ritmo esperado. Paralelamente a dar atención a la pandemia en la región, la UE desde el comienzo de la pandemia, ha abogado por un enfoque multilateral que garantizará que todos los habitantes del mundo tengan acceso a las vacunas. Junto con los Estados miembros, la Comisión Europea es uno de los principales contribuyentes a COVAX – el Mecanismo de Acceso Mundial a las vacunas contra la COVID-19 para la distribución equitativa y accesible a los países de renta baja y media. Más allá de la cooperación técnica al desarrollo brindada por diversos países europeos, la Comisión Europea, sus Estados miembros e instituciones financieras como el Banco Europeo de Inversiones coordinan sus esfuerzos como parte del “Equipo Europa”, utilizan su peso político y sus capacidades en organismos como la OMS, la Organización Mundial de Comercio (OMC) y espacios de concertación multilateral como el G7, para acelerar y ampliar el desarrollo y la fabricación de las vacunas y para ofrecer mecanismos financieros que potencian la capacidad de respuesta a la pandemia de los países.
Tras criticas sobre el surgimiento de “nacionalismos sanitarios” y la “geopolítica de vacunas”, prevalece una conciencia sobre una interdependencia sin precedentes a nivel global: Entre mas tarde la vacuna llegué a los lugares geográficamente más remotos del planeta, mayor será la probabilidad de la aparición de nuevas variantes del virus que potencialmente sean más inmunes a las vacunas que se desarrollaron hasta el momento. Esta interdependencia solo puede ser respondida por una solidaridad y acción mundial a favor del acceso universal a la vacunación, al tratamiento y otros insumos médicos necesarios.
Para lograr una distribución rápida de las vacunas hacia la población mundial, y prioritariamente entre los grupos vulnerables y el personal de salud, los actuales instrumentos de coordinación y cooperación regional (al interior de ALC), birregional (entre ALC y la UE) e internacional merecen de un mejor aprovechamiento y de mayor innovación ante una pandemia de este índole (incluyendo la declaración de la vacuna como bien público y la gestión más flexible de la propiedad intelectual y licencias de producción), al tiempo de no dejar pasar la oportunidad para optar por una reconstrucción mejor, orientada hacia la sostenibilidad económica, social y medioambiental, que incluya un determinado compromiso con inversiones en la ciencia, investigación y tecnología, el desarrollo de capacidades logísticas y cadenas de valor regionales.