Ya no queda, con casi un cuarto de siglo XXI recorrido, lugar a dudas. La igualdad de género es un imperativo. La igualdad entre mujeres y hombres es un derecho recogido prácticamente en todas las constituciones modernas y que, por tanto, marca un deber político: remover los obstáculos que impiden la igualdad efectiva.
Los países de la Unión Europea tenemos un marco muy específico, que debe alumbrar también nuestra acción exterior: la Estrategia Europea por la Igualdad de Género 2020-2025 y el Plan de Acción para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres en la Acción Exterior 2021-2025 (GAP III). Estos textos recogen, negro sobre blanco, las medidas que deben garantizar una igualdad real en tres dimensiones: la física, la económica y la política. El principal instrumento de la Unión para la cooperación al desarrollo entre 2021 y 2027, el NDICI-Europa Global, exige que al menos el 85% de nuevas acciones tengan la igualdad de género como objetivo principal o significativo. En estos momentos se está dando un paso más, desarrollando una ambiciosa estrategia europea de cuidados, un trabajo a menudo no pagado, invisibilizado y no reconocido, que hacen mayoritariamente las mujeres. Desterremos por tanto de una vez la expresión “ideología de género”, construida sobre fuerzas conservadoras y desinformación.
La igualdad entre mujeres y hombres, niñas y niños requiere políticas públicas que perduren en el tiempo, que cuenten con planes y medios asignados para su realización y que estén completamente a salvo de utilizaciones partidistas. En la acción de los distintos poderes del Estado debe tenerse en cuenta el deber de conseguir la igualdad, y con ese objetivo deben trabajar el poder legislativo, ejecutivo y también el judicial, cuyo celo debe orientarse al cumplimiento del mandato constitucional de igualdad.
La igualdad no es solo un derecho y un deber. Es también una oportunidad de abordar los cambios imperativos que nos aguardan: es imposible construir un desarrollo sostenible si no se resuelven las brechas de género. Dicho de otro modo y apelando a la agenda actual: ninguna de las transiciones que tenemos en lo más alto de nuestras prioridades políticas llegará a buen puerto si no se garantiza un camino limpio de zanjas y obstáculos para las mujeres. Las transiciones ecológica, digital, social y económica serán feministas o no serán, porque no alcanzarán la potencia de transformación que requieren.
¿Transversalizar o enfocar?
En los últimos años la formulación de políticas públicas se ha debatido entre dos corrientes: transversalizar el género o abordarlo con medidas específicas. Creo que no son incompatibles. Es más, estoy convencida de que ambos abordajes son necesarios. La transversalización del enfoque de género apunta a analizar los impactos diferenciados en hombres y mujeres. Se trata de un enfoque transformador que se centra en las diferencias relacionales, interpelando a ambos géneros. Esto implica extender el enfoque a todos los sectores de la política pública, abarcando también a todos los actores del Estado.
Ahora bien, no deberíamos descuidar las acciones específicas orientadas a las mujeres. Hacerlo supondría debilitar la institucionalidad para la mujer, esto es, a los mecanismos para el adelanto de las mujeres, y desatender las políticas de promoción de igualdad de oportunidades que han tenido efectos positivos para corregir las desventajas de las mujeres con respecto a los hombres.
La transversalización tiene en la actualidad el gran desafío de la interseccionalidad: en la medida en que las desigualdades son multidimensionales, hay que resolver cómo abordar la interacción del sexo y el género con la clase social, el origen, el territorio u otras categorías de diferenciación en la vida de las personas o en las prácticas sociales. Diríamos que pretende ir más allá de la transversalidad que parte de la desigualdad hombre-mujer, para atender a esas otras identidades o condiciones cuya convergencia e interacción producen situaciones estructurales de exclusión o vulnerabilidad ¿Cómo abordamos esta problemática?
Desde la FIIAPP, el brazo de la cooperación española especializado en políticas públicas, tenemos numerosos ejemplos tanto de transversalización como de abordaje específico del género en las políticas públicas. Los presupuestos nacionales con enfoque de género que hemos trabajado con Argentina son un buen ejemplo de la potencia que tienen como herramienta para el cumplimiento efectivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en concreto del ODS 5. En Paraguay hemos acompañado la formulación de una política nacional de cuidados. Acabamos de promover un convenio regional en América Latina para proteger a las mujeres víctimas de violencia machista entre distintos países. Luchamos contra la trata de mujeres y niñas -también hombres- desde la seguridad policial y judicial pero también abordando aristas poco conocidas como los vínculos entre trata y corrupción. También nos afanamos por colaborar en la elaboración de políticas climáticas con perspectiva de género, estudiando el impacto diferenciado del clima sobre las mujeres, y hemos mejorado el acceso a la justicia y a la tierra de las mujeres rurales en Colombia en el marco de los Acuerdos de Paz.
Para las mujeres y por las mujeres
Me gustaría terminar destacando la necesidad de que sean más las mujeres al timón de estas políticas públicas. Las leyes, normas y políticas orientadas a la igualdad de género no solo deben ser participadas por mujeres: hay que conseguir que nosotras accedamos también a su liderazgo. El hecho de que solo haya una mujer presidenta en América Latina y que apenas sean seis en la Europa de los 27 nos puede dar una idea de la dimensión de este reto. Necesitamos políticas públicas para y por las mujeres, impulsadas y desarrolladas también por mujeres. Estamos en el camino.