La Declaración de la IV Cumbre CELAC-UE, celebrada en Santa Marta, Colombia, incluye un conjunto ordenado de principios y de compromisos con los derechos fundamentales en un contexto marcado por conflictos abiertos, tensiones entre grandes potencias y una creciente disputa por los recursos estratégicos, los mercados y las reglas que definen el orden internacional.
Asimismo, no podemos analizarla al margen del hecho que tanto en la Unión Europea como en América Latina y el Caribe avanzan corrientes de extrema derecha con enfoques autoritarios y conservadores en temas fundamentales como la igualdad de género, la migración, los derechos civiles y la gobernanza internacional.
En este contexto, las posiciones diferenciadas expresadas por algunos gobiernos no son un simple matiz técnico, sino que reflejan proyectos políticos que disputan el significado y la vigencia de principios democráticos fundamentales. No se trata de negar la legitimidad del pluralismo, que es parte esencial de la democracia, sino de reconocer que las diferencias no se limitan a matices, sino que expresan proyectos que cuestionan el alcance de los derechos, la independencia institucional y la vigencia del multilateralismo.
Democracia y derechos humanos: un consenso debilitado
La Declaración de Santa Marta afirma con claridad principios democráticos y la vigencia de los derechos humanos. Sin embargo, no puede obviarse que varios de los gobiernos que la suscriben impulsan, en sus propios países, políticas que restringen derechos, debilitan instituciones y relativizan estándares democráticos básicos.
En ese contexto, la Declaración no expresa un consenso sólido, sino un acuerdo que convive con dinámicas que lo erosionan. La afirmación de principios comunes pierde fuerza cuando no existe correspondencia con las trayectorias nacionales de los Estados firmantes, lo que introduce una tensión entre el discurso compartido y las prácticas efectivas.
Este desfase limita el alcance político de la asociación ya que se requieren mecanismos concretos que permitan dar contenido y seguimiento a esos compromisos. Ello supone habilitar espacios efectivos de participación, establecer instrumentos de monitoreo y generar criterios claros para la defensa de las garantías democráticas básicas frente a eventuales retrocesos.
La ausencia de estos mecanismos debilita la capacidad de la Declaración para orientar la acción conjunta. Sin condiciones mínimas de exigibilidad, los principios enunciados quedan expuestos a interpretaciones flexibles e incluso contradictorias, lo que reduce su capacidad de incidir en la conducta de los Estados.
Promover una relación más consistente entre discurso y práctica no es, por tanto, un aspecto accesorio, sino una condición para que la asociación tenga densidad política. Sin esa coherencia, la Declaración corre el riesgo de consolidarse como un marco declarativo que afirma principios que no logra sostener ni promover de manera efectiva.
Multilateralismo y el orden internacional
La Declaración de la IV Cumbre UE-CELAC reafirma el compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la solución pacífica de controversias. Sin embargo, estos principios se enuncian en un contexto en el que su aplicación es cada vez más selectiva y, en muchos casos, abiertamente arbitraria.
Los conflictos en curso, las respuestas unilaterales y la persistencia de dobles estándares han debilitado el sistema internacional que la propia Declaración dice defender. La Unión Europea reivindica un orden basado en reglas que no siempre aplica con la misma consistencia, mientras América Latina y el Caribe no logra articular una posición común con capacidad real de incidir en su redefinición.
Esta situación introduce una tensión de fondo: no se trata únicamente de reafirmar el multilateralismo, sino de reconocer que hoy funciona de manera desigual y que su crisis no es solo el telón de fondo, sino parte constitutiva del problema.
En ese marco, la Declaración afirma principios fundamentales, pero evita cuestionar las condiciones y a los actores que los vulneran de manera sistemática, así como las dinámicas de poder que impulsan la configuración de un orden internacional crecientemente basado en la fuerza. Esta omisión limita su alcance político y reduce su capacidad para contribuir a una defensa efectiva de los principios que enuncia.
Transición energética: una oportunidad condicionada
En la Declaración, la transición energética figura como uno de los campos prioritarios de cooperación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Se la vincula con inversión, desarrollo de infraestructuras y articulación de cadenas de valor asociadas a energías renovables y tecnologías limpias.
Pero en el escenario actual, la transición energética es también un campo de disputa geopolítica. La UE busca asegurar acceso a minerales críticos y reducir su vulnerabilidad energética, en competencia con otras potencias, mientras, por ejemplo, los Estados Unidos caminan en una ruta regresiva en este terreno.
La referencia a cadenas de valor convive con una realidad en la que América Latina y el Caribe sigue ocupando el lugar de proveedora de recursos estratégicos y la Declaración de Santa Marta no aborda este patrón en las relaciones birregionales. La ausencia de compromisos claros en materia de industrialización, transferencia tecnológica o desarrollo de capacidades locales no es un vacío menor. Refleja una relación donde el control de la tecnología y del valor agregado sigue concentrado fuera de la región latinoamericana.
Lo cierto es que la transición energética solo será una oportunidad si reconoce esta estructura e impulsa iniciativas para modificarla. No es viable reproducir las condiciones actuales de dependencia y primarización.
La transición representa también una oportunidad para enfrentar la crisis climática. Sin embargo, si se aspira a un modelo más justo y sostenible, se debe adoptar un enfoque sistémico y global, que tenga en cuenta los impactos económicos y socioambientales de la transición en regiones como la latinoamericana y caribeña, así como las desigualdades y violencias históricas y estructurales que las sustentan. Una verdadera transición justa y verde no puede limitarse a sustituir combustibles fósiles por energías renovables. Requiere transformar profundamente los sistemas de producción y consumo, priorizando la justicia global, los derechos humanos y la justicia ambiental. Para ello, la UE debe asumir un liderazgo responsable que no considere sólo los intereses geopolíticos y comerciales europeos, sino que ponga en el centro las experiencias y necesidades de los países y comunidades del Sur Global, promoviendo una colaboración equitativa y respetuosa con la vida y el planeta.
Comercio y las asimetrías persistentes
La Declaración reafirma el compromiso con el fortalecimiento del comercio birregional y el desarrollo de cadenas de valor. Sin embargo, evita abordar las condiciones concretas en las que ese comercio se desarrolla. La relación entre ambas regiones sigue marcada por una estructura desigual.
Europa exporta bienes con alto valor agregado y exige estándares cada vez más altos, mientras América Latina y el Caribe continúa concentrada en la exportación de recursos y productos primarios. Los estándares ambientales y regulatorios, aunque necesarios, operan también como mecanismos de condicionamiento que la región enfrenta sin capacidades equivalentes.
Las complejidades sobre el Acuerdo Mercosur–UE expresa las dificultades para avanzar hacia una relación menos asimétrica y más equilibrada. Si bien se ha dado los pasos iniciales está por verse si se consolida. Pero no es sólo este acuerdo comercial lo que hay que repensar sino el conjunto de los términos comerciales entre ambas regiones.
En este contexto, el lenguaje de asociación oculta que, sin cambios en las condiciones del intercambio, la integración económica tiende a consolidar las brechas existentes en lugar de reducirlas.
Global Gateway: instrumento de cooperación o de posicionamiento
El Global Gateway es el principal instrumento de inversión y cooperación de la Unión Europea en la región. Pero su significado excede el plano económico ya que se trata de una herramienta de posicionamiento en la competencia global.
A través de esta iniciativa, la UE busca asegurar presencia en sectores estratégicos y disputar espacio frente a otros actores, particularmente China. No solo es cooperación sino una estrategia en la que lo fundamental no son solo la cooperación y las inversiones, sino las condiciones en las que se dan.
Si se orienta únicamente a asegurar acceso a recursos y mercados sin modificar las capacidades productivas de la región, reproducirá la lógica existente. Solo si incorpora transferencia tecnológica, desarrollo industrial y participación efectiva de los países latinoamericanos y caribeños podrá tener un carácter distinto.
Seguridad: una agenda con riesgos de desequilibrio
La Declaración de la IV Cumbre enfatiza la cooperación en seguridad, particularmente en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el tráfico de armas. Este enfoque responde a problemas reales, pero su formulación es incompleta. La atención se concentra en el control y la capacidad operativa, mientras se deja en segundo plano el papel de los circuitos financieros y económicos que sostienen estas redes. Esto no es un tema menor.
Una parte significativa del lavado de activos y de las estructuras que permiten la circulación de capitales ilícitos se ubica fuera de América Latina y el Caribe, a pesar de lo cual la Declaración no plantea con claridad esa corresponsabilidad.
Existe el riesgo de que la cooperación refuerce un esquema donde América Latina y el Caribe asume el costo del control, mientras los centros financieros mantienen márgenes de opacidad.
Migración: derechos reconocidos, tensiones persistentes
La Declaración reconoce la migración como un fenómeno complejo que requiere un enfoque basado en derechos. Sin embargo, este reconocimiento convive con políticas cada vez más restrictivas en la Unión Europea.
Mientras se afirma un enfoque humanitario, se consolidan medidas de control que limitan la movilidad y refuerzan fronteras. La Declaración no resuelve esta contradicción. La contiene en un lenguaje diplomático que evita enfrentar el conflicto de fondo entre derechos y control.
Cuidados como eje estratégico del desarrollo
La Declaración de Santa Marta incorpora el tema de los cuidados y reconoce su importancia tanto para la igualdad de género como para la organización de la vida social. Este reconocimiento introduce una dimensión relevante en la comprensión del desarrollo, al desplazar parcialmente el énfasis desde la acumulación económica hacia la sostenibilidad de la vida y la redistribución del tiempo, el trabajo y los recursos.
Sin embargo, este avance se mantiene en un plano declarativo. La inclusión del cuidado no se traduce en compromisos concretos ni en definiciones claras sobre financiamiento, institucionalidad o instrumentos de cooperación que permitan sostener políticas de cuidados a escala nacional o regional. Si bien se reconocen las cargas desiguales del trabajo de cuidados no remunerado, que recaen principalmente sobre las mujeres, este reconocimiento no viene acompañado de medidas operativas que permitan abordarlas de manera efectiva.
Esta ausencia limita el alcance transformador del planteamiento. Incorporar el cuidado como principio sin dotarlo de condiciones materiales de implementación debilita su potencial como eje estructurador de nuevas estrategias de desarrollo.
En un contexto de crisis múltiples, económicas, sociales y ambientales, los cuidados no pueden ser entendidos como un ámbito complementario. Constituyen una infraestructura social indispensable para la sostenibilidad de las sociedades. La Declaración reconoce su importancia, pero no avanza en definir las condiciones necesarias para que ese reconocimiento se traduzca en políticas efectivas.
A manera de conclusión
La Declaración de Santa Marta aborda los principales temas de la relación birregional, pero lo hace manteniendo un nivel de formulación que permite sostener acuerdos sin precisar las implicancias que esos temas tienen para cada una de las partes.
A partir de ese punto, el desafío es dotar a esa agenda de instrumentos que permitan ordenar la relación en los ámbitos que la propia Declaración identifica como prioritarios. Esto supone avanzar en iniciativas que le den continuidad: la elaboración de hojas de ruta por sector, la creación de mecanismos de seguimiento birregional, la identificación de proyectos concretos en transición energética y cuidados, y la incorporación de espacios de participación que permitan dar contenido a los compromisos asumidos.
El avance de la relación birregional dependerá de la capacidad de ambas regiones para activar este tipo de instrumentos y traducir la agenda acordada en procesos sostenidos de cooperación.
Las opiniones expresadas en este blog son exclusivamente de los(as) autores(as) y no reflejan necesariamente la posición de la Fundación EU-LAC