Con la firma el pasado 17 de enero del Acuerdo de Asociación Unión Europea (UE) – Mercosur y del Acuerdo Global Modernizado entre la UE y México el 22 de mayo, el año 2026 pasará a la historia como aquel en el que se cerró el largo ciclo de la “estrategia Marín”, lanzada hace más de tres décadas. A principios de los años noventa, cuando la UE construía los cimientos de su recién estrenada Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), Manuel Marín, entonces vicepresidente de la Comisión Europea, planteó que el objetivo de la política de la UE hacia América Latina y el Caribe (ALC) debía ser la negociación y eventual establecimiento de Acuerdos de Asociación (AA) con los países y grupos de integración regional que allí se organizaban. Esos AA estarían compuestos por tres grandes “pilares”: 1) Diálogo político, para articular reuniones periódicas entre las partes, a distintos niveles y sobre diversos temas, algunos sectoriales y otros políticos; 2) Acuerdos de Asociación Económica (AAE), consistentes en un Tratado de Libre Comercio (TLC) y Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones (APPI); y 3) Cooperación, para enmarcar programas bilaterales y regionales en temas de interés común, como la educación o el medio ambiente. Esta agenda de construcción institucional resultaba atractiva para los gobiernos de los países latinoamericanos y caribeños, ya que proporcionaba mecanismos externos que afianzaban sus procesos nacionales de democratización, de reforma estructural de la economía y de integración regional. El proceso, sintetizado en la tabla 1, se abrió con el inicio de las negociaciones con México en 1995 y cerró con la cumbre del 22 de mayo de 2026 con ese mismo país. Se cierra el ciclo Marín.
El significado de la firma de estos dos acuerdos es mucho más amplio que las disposiciones específicas incluidas en cada uno de ellos. Hoy, tras tres décadas de negociaciones, la UE tiene AAE con todos los Estados del continente americano, salvo Cuba, Venezuela, Bolivia1 y Estados Unidos. Se completa, por tanto, un espacio transatlántico de asociaciones económicas sin precedentes en su alcance geográfico y en el grado de liberalización, pues incluye disciplinas modernas, como comercio digital y compras de gobierno, que no pudieron avanzarse tanto en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Abarcan, además, mecanismos para proteger y promover las inversiones, que quizá sean un componente más importante de la presencia europea en América Latina que el comercial, ámbito en el que la UE ha sido rebasada por China. Adicionalmente, los AAE vienen acompañados de espacios de diálogo político bilateral y bi-regional, así como de la estrategia Global Gateway de la UE, que impulsa proyectos productivos del sector privado en la región, orientados a promover la sustentabilidad ecológica y social, mediante fondos de cooperación y garantías del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Ni Estados Unidos ni China, los otros dos socios más importantes de la región, tienen un acceso tan amplio, profundo y regulado en detalle a esos mercados, ni mecanismos de diálogo político y cooperación tan institucionalizados. De hecho, con la desaparición de USAID en 2026, la cooperación estadunidense prácticamente ha desaparecido, dejando a la UE como socio más importante en ese rubro, seguida muy de lejos por Japón. En suma, se trata de acuerdos cuyo núcleo económico es fundamental, pero que abarcan otros aspectos centrales de las relaciones eurolatinoamericanas.
Salta a la vista que, al completar la institucionalización de sus relaciones, estas regiones pretenden enviar dos señales políticas a las grandes potencias. Por un lado, la UE y ALC están respondiendo a la política comercial estadunidense de la administración Trump, que desde abril de 2025 ha torpedeado los principios sobre los cuales se había construido el sistema multilateral de comercio. Comparten el interés por proteger los intercambios económicos basados en reglas, pues dependen de ello para su desarrollo, y necesitan promover la diversificación de sus relaciones, pues presentan una enorme dependencia de Estados Unidos y China, en cuya rivalidad corren el riesgo de quedar atrapadas.
Por otro lado y en este contexto, la UE da contenido concreto a su “giro geopolítico” al acelerar la conclusión de estos dos AAE que llevaban años detenidos en la mesa de negociación. De hecho, no es casualidad que su concreción venga en la misma ola que otros acuerdos con India y Australia, con los que también venía trabajando desde hace tiempo. Para concluirlos, la UE ha tenido que relegar sus antiguas objeciones en materia agrícola a un segundo plano y relajar o retrasar la aplicación de algunas medidas medioambientales, como la directiva sobre deforestación, conocida por sus siglas en inglés, EUDR. De esta forma, con tal de avanzar en el establecimiento de reglas que le faciliten el ingreso a nuevos mercados y el acceso a ciertas materias primas críticas, la Comisión ha tenido que librar duras batallas internas y dar algunos giros de timón. Así, la política comercial europea, tradicionalmente más inflexible y marcada por claras líneas rojas, se está transformando en una política exterior económica, en línea con el informe Draghi de 2024, motivada por ambiciones más estratégicas, que pretenden proyectar el poder de la UE y, para ello, requiere mayor agilidad.
Para los países de Mercosur y México, el timing de la firma de estos AAE también envía señales importantes. En el caso de México, embarcado en una revisión del Tratado Estados Unidos-México-Canadá (TMEC) (que promete eternizarse en el mejor de los casos o terminar con la abrogación del tratado en el peor) apalancar el acuerdo con la UE resulta muy oportuno, toda vez que la urgencia por diversificar su acceso a otros mercados se vuelve apremiante. Además de las nuevas disciplinas y las indicaciones geográficas que se incorporan, el nuevo mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado, más permanente y transparente, es quizá la pieza más importante del AAE “modernizado”, pues, en teoría, debería constituir un incentivo para atraer la inversión europea que la economía mexicana tanto necesita en este momento. Pero, el significado de la cumbre que se celebró en la Ciudad de México el 22 de mayo pasado va mucho más allá de lo económico: es la reanudación de un diálogo político que se había venido des-institucionalizando en los últimos años, pues no se había realizado una cumbre desde 2015. Es de esperar que, hacia adelante, se retomen los diálogos sectoriales abandonados en los últimos años, entre ellos el de medio ambiente, para acompañar los proyectos de Global Gateway ya anunciados en la materia.
En el caso del Mercosur, el significado económico de la firma del acuerdo es mucho mayor que en el caso mexicano, ya que, hasta ahora, este bloque estaba relativamente poco integrado al comercio internacional por medio de TLC, pues sólo tenía acuerdos de esta naturaleza con Israel (2007), Egipto (2020), Palestina (2011), Singapur (2023) y, recientemente la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) compuesta por Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega (2025). El AAE con la UE es, por tanto, el primero con una economía grande. Requirió esfuerzos titánicos de ambas partes para vencer las resistencias que, durante más de 30 años, lo habían bloqueado: los proteccionismos de la industria brasileña y de la agricultura europea tuvieron que ceder. Se puede suponer que esto no hubiera sido posible sin el sentido de urgencia que la actual situación geopolítica plantea. Para Brasil, es fundamental apuntalar el acceso al mercado europeo para no depender tanto del chino, que solo le compra materias primas, y encontrar socios para proyectos que ayuden en la protección de la Amazonía. Para Argentina, el AAE supone un mecanismo que afianza la apertura económica actual y, al igual que para Uruguay y Paraguay, abre nuevos mercados y fuentes de inversión.
El nuevo ciclo que se abre ahora no está marcado por una gran estrategia ambiciosa como la que planteó Marín en su día, cuando el consenso liberal cohesionaba a las dos regiones en torno a una visión común, sino que se enmarca en una agenda modesta: conservar lo construido y profundizar en lo posible. Como expliqué en un documento de discusión más detallado publicado por la Fundación EULAC en 2025, ya existen ideas para continuar desplegando el enorme potencial económico que representa el que la UE y casi todo el continente americano estén vinculados por AAEs de última generación: se puede profundizar en la acumulación de origen entre algunos de esos acuerdos, así como en la agenda de facilitación del comercio y la agilización de las aduanas mediante el uso de nuevas tecnologías. Se podría crear un comité técnico bi-regional para coordinar el seguimiento de los comités que cada uno de los acuerdos ha creado y buscar espacios de oportunidad.
Pero para que esto suceda, es necesario que la relación política siga operando de forma regular, que se reúnan los comités y que se mantenga el interés por las contrapartes en una mayoría de miembros. Este es quizá el reto más contundente, ya que las tensiones geopolíticas fomentan la fragmentación de un lado y otro del Atlántico, mientras la polarización y los populismos dificultan la toma de decisiones y la formación de gobiernos al interior de los Estados. ALC se enfrenta a la agresiva “Doctrina Donroe”, una amenaza real de uso unilateral de la fuerza que incide e intimida a más de un gobierno en la región y que puede disuadir a la UE de asumir un papel más vigoroso como socio económico, político y estratégico de ALC.
[1] Bolivia está en proceso de integrarse al Mercosur y es previsible que, cuando lo haga de pleno derecho, tenga que sumarse al acuerdo de Asociación Económica UE-Mercosur.
Las opiniones expresadas en este blog son exclusivamente de los(as) autores(as) y no reflejan necesariamente la posición de la Fundación EU-LAC