¿Cómo contribuyen las organizaciones regionales, tales como la UE o UNASUR, a la protección de la democracia y otros valores incluidos en sus instrumentos fundacionales en sus estados miembros? Este estudio explora el desempeño de esas organizaciones en América Latina, el Caribe y la Unión Europea y concluye que los gobiernos diseñan mecanismos de protección de la democracia con un fuerte sesgo intergubernamental que deja un amplio margen de discrecionalidad política para reaccionar ante eventuales violaciones de esos valores.
La Unión Europea, América Latina y el Caribe han experimentado olas sucesivas de democratización. Comenzando en los años 1970s, casi todos los países en ambas regiones se pueden considerar como democráticos. En varios casos, sin embargo, esas democracias pueden ser consideradas imperfectas. Más aún, algunos países han experimentado casos de involución anti-democrática (en los casos extremos) o de erosión de las instituciones democráticas.
La pertenencia a organizaciones regionales ha contribuido en buena manera a la transición a la democracia y la consolidación democrática. Tanto los académicos como los líderes políticos perciben que las organizaciones regionales han jugado un papel importante en ello, entre otras cosas, mediante sus mecanismos de condicionalidad democrática. En la mayor parte de los casos, las organizaciones regionales han incluido disposiciones para verificar que los miembros de las mismas siguen siendo democráticos (y/o adhieren a otros valores como el estado de derecho). Pero la relación entre los mecanismos para verificar el cumplimiento con esos valores y el desempeño de las organizaciones en la aplicación de los mismos no se ha explorado debidamente.
Este estudio analiza el diseño institucional de los mecanismos de protección de la democracia (MPD) en las organizaciones regionales en la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Tres elementos del diseño institucional resultan particularmente relevantes: los procedimientos para la activación de los MPD y el papel de los diferentes actores (esto es gobiernos y/o órganos autónomos de la propia organización) en ellos; los mecanismos de verificación y evaluación de las rupturas y amenazas de ruptura y el tipo de sanciones junto con el procedimiento para adoptarlas. El estudio concluye que los mecanismos decisionales con marcado sesgo intergubernamental dejan mucho margen para la discreción política y sugiere varios elementos para mejorar el diseño institucional.
Autores:
Carlos Closa Montero – European University Institute, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Coordinador de Estudio)
Stefano Palestini Céspedes – European University Institute
Pablo Castillo Ortiz – University of Sheffield