La Fundación EU-LAC organizó el Seminario EU-LAC “Avanzar el enfoque whole-of-society en la cooperación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe en la lucha contra el crimen organizado transnacional” en el marco de la European Crime Fighting Week en Bruselas.
El encuentro reunió a representantes de gobiernos, sociedad civil, academia, sector privado, comunidades locales y organizaciones internacionales de ambas regiones con el objetivo de fortalecer la cooperación birregional frente a los desafíos planteados por el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y las economías ilícitas.
La iniciativa se desarrolló bajo el principio de responsabilidad común y compartida, promoviendo respuestas integrales basadas en los derechos humanos, el Estado de derecho y la participación activa de múltiples sectores de la sociedad; y tuvo lugar en el contexto del renovado impulso político generado por la IV Cumbre CELAC-UE de 2025 y el lanzamiento de la Alianza UE-ALC para la Seguridad Ciudadana.
Durante la jornada, los y las participantes intercambiaron experiencias, conocimientos y buenas prácticas sobre políticas públicas inclusivas para la prevención y el combate de las economías ilícitas, así como sobre los impactos sociales que estas generan en las comunidades. Asimismo, se analizaron avances y oportunidades para fortalecer las iniciativas de cooperación birregional y subregional existentes.
En la apertura del seminario, el director ejecutivo de la Fundación EU-LAC, Alberto Brunori, destacó la necesidad de profundizar la cooperación entre ambas regiones:
“Los crecientes desafíos en materia de seguridad ciudadana exigen estrategias conjuntas, integrales y multisectoriales. Su abordaje debe sustentarse en los principios de multilateralidad y responsabilidad compartida, dentro de un marco político basado en valores y orientado a la cooperación efectiva entre los distintos actores involucrados”.
Por su parte, Pelayo Castro, director general adjunto para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, subrayó la relevancia política de esta agenda para ambas regiones:
“El crimen organizado es una prioridad política y ciudadana. No hace falta abrir los periódicos para entender que se trata de una preocupación central para nuestras sociedades. Es un fenómeno que se está expandiendo y convirtiendo en una cuestión clave”.
La siguiente sesión magistral del seminario abordó algunos de los principales desafíos que enfrentan ambas regiones en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado transnacional. En su intervención, Carlos Alvarado, expresidente de Costa Rica y presidente del Grupo de América Latina y el Caribe sobre Seguridad y Democracia, advirtió sobre el riesgo de que la creciente demanda de respuestas frente a la inseguridad conduzca a cuestionar principios y procedimientos democráticos. En este sentido, defendió la necesidad de preservar el vínculo entre seguridad, democracia y Estado de derecho como base para construir respuestas sostenibles y legítimas.
Por su parte, Olivier Luyckx, jefe de Unidad de Programas para Países de América Latina y el Caribe de la Dirección General de Asociaciones Internacionales (DG INTPA) de la Comisión Europea, destacó que la prevención del crimen organizado no puede recaer exclusivamente en las fuerzas de seguridad o los ministerios competentes. Subrayó la importancia de un enfoque integral que involucre a actores de primera línea como el sistema educativo, los servicios sociales, las autoridades locales, los sindicatos y otros agentes con presencia directa en las comunidades y grupos más vulnerables.
Las sesiones posteriores profundizaron en el papel que desempeñan los distintos actores sociales en la construcción de respuestas más eficaces e inclusivas frente al crimen organizado transnacional. En particular, los debates analizaron cómo el sector privado y las comunidades locales pueden contribuir de manera más activa al enfoque "whole of society” en la cooperación birregional, destacando su capacidad para fortalecer la prevención, promover oportunidades económicas legales y aumentar la resiliencia de los territorios más afectados por las economías ilícitas.
Asimismo, se examinó la contribución de la academia y las organizaciones de la sociedad civil a la cooperación entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Los y las participantes destacaron el valor de la investigación, la generación de evidencia, la innovación en políticas públicas y el trabajo directo con las comunidades para comprender mejor las dinámicas del crimen organizado y sus impactos sociales. Los intercambios permitieron identificar oportunidades para reforzar la participación de estos actores en el diseño, implementación y evaluación de estrategias de seguridad ciudadana, consolidando así un enfoque verdaderamente multisectorial y centrado en las personas.
Las intervenciones reafirmaron uno de los mensajes centrales del seminario: los desafíos transnacionales requieren respuestas colectivas. La cooperación efectiva entre instituciones públicas, sociedad civil, sector privado, academia y comunidades locales resulta esencial para diseñar políticas más inclusivas, sostenibles y centradas en las personas.